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¿LEGITIMACIÓN Y RENOVACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS?

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En el ámbito deportivo una racha de juegos perdidos sería razón suficiente para que hubiese cambios en la dirección de un equipo con trayectoria competitiva caracterizada por logros notables como campeonatos en diferentes divisiones. Cuando no se trata de equipos con estas condiciones, las decisiones de la gerencia deportiva suelen ser más flexibles, en tanto un balance negativo no ponga en riesgo los requisitos funcionales mínimos de una divisa deportiva. En el fútbol, el béisbol y el basquetbol, para hablar de deportes populares en Venezuela, hay equipos que ganan frecuentemente, equipos que hace mucho tiempo no tienen logros importantes, y otros que sencillamente parecen rellenar las ligas deportivas a las que pertenecen.

Sirvan estos elementos para tratar de comprender hacia donde apuntan los procesos de legitimación, renovación y reimpulso que vienen desarrollando los partidos políticos de oposición judicializados y no judicializados, posterior a los hechos del año 2021, que tuvieron como colofón las elecciones regionales y municipales del mes de noviembre, así como la recomposición de instancias de concertación como la Plataforma Unitaria Democrática, y la Alianza Democrática, y también la proyección de liderazgos o figuras de cara a unas primarias presidenciales que ya están en la mesa de discusión nacional, regional y local.

Los procesos de renovación o legitimación de organizaciones políticas, aunque comunicacionalmente no se presente de esta manera, son consecuencia de una evaluación de desempeño que reconoce tímidamente fallas procedimentales, y no tanto como producto de una política basada en los conceptos de gobernanza del siglo XXI, que apuntan al cambio permanente como forma de sacar provecho a las contingencias derivadas de lucha por el poder, en medio de la multiplicación de nuevos intereses, actores y luchas reivindicativas.

Dicho de otro modo, si el desempeño de los partidos políticos venezolanos tuviese una valoración positiva, no sería necesario hacer procesos de legitimación y renovación más allá de los estipulados y en estatutos y reglamentos internos de nuestras organizaciones.

Evaluar el desempeño de los partidos tomando como único referente la victoria en procesos electorales, sería insuficiente en medio de una visión compleja de la democracia en el siglo XXI, que se expresa en conceptos y factores que van más allá de las ferias electorales, para observar las interacciones entre distintos grupos o sectores de interés en el marco de problemas de interés público como la salud, la educación, los servicios, la seguridad ciudadana o la libertad económica, y más complejo como estos se entrelazan para configurar una tormenta institucional perfecta.

Uno de los problemas que surge de todo esto es que nuestros partidos políticos parecen no tener muy claro si el objetivo que persigue el necesario ejercicio de renovación y legitimación parte del reconocimiento de un desempeño que pudiera considerarse negativo o cuestionable, para adoptar un funcionamiento distinto, más competitivo, que permita crecimiento cualitativo y cuantitativo, o si solo se trata del “cambiar para seguir igual” que hizo que los partidos políticos latinoamericanos entrarán en la profunda crisis política que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI ha generado condiciones favorables a la consolidación del populismo de izquierda, sacrificando el sistema de libertades democráticas.

El valor y fortaleza de la democracia es proporcional al de sus instituciones constituyentes, en tanto éstas desarrollen capacidades adaptativas en medio de un contexto social, económico y político mucho más complejo al de mediados del siglo XX, momento en que tuvo lugar la consolidación del proyecto democrático liberal, con problemas que no se limitan al analfabetismo generalizado en un país mayoritariamente rural, a la falta de escuelas, hospitales, carreteras y servicios públicos.

Hoy más del 75% de la población vive en ciudades que van entre los cincuenta mil o más del millón de habitantes, con una gran red de instituciones educativas, hospitales y carreteras que acumulan las consecuencias de deterioro humano y material de más de treinta años de mala administración, desidia y corrupción. La casi total ausencia de planificación urbana hace que los problemas como la deficiencia de servicios públicos, y la delincuencia vayan en vía de multiplicación, generando solo oportunidades para paliativos basados en el manejo de recursos públicos y privados usados discrecionalmente para la “demagogia social y humanitaria”.

En este contexto social y material, la dirigencia de los partidos políticos no parece lograr superar el esquema de red de concertación adoptado como forma de soportar el embate del autoritarismo y la persecución en contra de dirigentes y equipos, y que contrariamente genera condiciones favorables a la reincidencia en el “cogollerismo” que sirvió de elemento discursivo favorable a la antipolítica en 1998.

A mayor democracia en la toma de decisiones, mayores serán las posibilidades de incorporación de actores transformadores que pueden tener experiencias exitosas en la construcción de acuerdos sólidos, que debiliten desde las bases el modelo decisionista basado en la fusión Estado-partido-gobierno que le ha permitido al chavismo tiempo extra en el ejercicio del poder nacional.

Sin embargo, esa posibilidad de impulsar mayor democracia puede chocar con esquemas funcionales que dentro de la oposición venezolana también se cimentan en el decisionismo de una red de concertación que se figura como inamovible.

Ante eso, hay un panorama adverso que puede convertirse en la oportunidad para impulsar un gran movimiento nacional de renovación democrática que obligue a la institucionalización de la responsabilidad sobre los acuerdos políticos que son requisito a la reconstrucción de la confianza perdida entre una mayoría de venezolanos que hace oposición al chavismo gobernante, pero que ha optado por un modelo de adaptación a la supervivencia para no perder patrimonios personales o individuales devaluados como producto del colapso del Estado rentista desde el año 2012.

Una nueva democracia requiere de la integración de nuevos actores, pero también de nuevas formas de acción e interacción basadas en una concepción diferente de la política, de la permanente lucha por los derechos civiles, políticos y humanos en general, así como de la responsabilidad de las organizaciones partidistas en la construcción de nuevos espacios para la democracia más allá de las instituciones públicas.

Que los partidos del siglo XX y del siglo XXI consciente o inconscientemente reediten las prácticas que incidieron en la devaluación del sistema democrático no ofrece condiciones a favor del cambio de visión de país que requiere Venezuela, y que podría ser el gran incentivo a la conformación de ese gran movimiento democratizador que está latente en la aspiración de la mayoría de los venezolanos. Reincidir en el error es darle a Nicolás Maduro la oportunidad de competir con Juan Vicente Gómez en la estadía y manejo patrimonial del poder. La renovación y la legitimación debe ser la condición para una nueva democracia y no solo el “cambiar para seguir igual” de la política venezolana del año 2022.

Lcdo. Héctor Azuaje

Historiador

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