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Liliana Guerrero: la prevención del suicidio debe ser abordada bajo un enfoque multidisciplinario

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Ante el aumento de la tasa de muertes por suicidio en el estado Mérida en los últimos tres años, tendencia que se repite en el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el informe presentado recientemente por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la legisladora de la Unidad, Liliana Guerrero, manifestó la importancia que el suicidio sea tratado como un problema que necesita un enfoque multidisciplinario.

El pronunciamiento de la parlamentaria regional, Liliana Guerrero, quedó plasmado en un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que deja claro que “la responsabilidad de las autoridades no se cumple con la promoción de actos públicos y populistas si no resuelven el problema base que impulsa a muchos merideños a renunciar a la vida”.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Ante el aumento de la tasa de muertes por suicidio en Mérida_

COMUNICADO A LOS CIUDADANOS

LA PREVENCION DEL SUICIDIO REQUIERE SER ABORDADA CON LA SERIEDAD Y COMPROMISO DE UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

En el estado Mérida, el tema del suicidio ha sido abordado siempre lateralmente, como la consecuencia de otros problemas de salud, como las adicciones o los problemas mentales; la valoración que se tiene de la muerte por voluntad corre siempre en paralelo a problemas más amplios e imprecisos que impiden reconocer al acto suicida en sí mismo, como un problema de salud pública, el cual amerita un abordaje integral y por ende que requiere de atenciones específicas, coordinadas y sostenibles.

El aumento de la incidencia del suicidio en Mérida es notorio, comunicacional y preocupante, pero más allá de los datos, se debe destacar que las condiciones de vida que conllevan a los merideños a considerar el fallecimiento voluntario no son debidamente atendidas, que siguen impactando la salud y el bienestar de innumerables personas, tanto de aquellos que consideran como opción la renuncia a la vida, como de las personas cercanas a los renunciantes. Por cada acto suicida en nuestra entidad, por lo menos 12 merideños se ven directamente afectados.

Al momento de abordar este sensible tema desde nuestros espacios públicos, es importante señalar la susceptibilidad de los jóvenes y la cada vez más frecuente incidencia en estudiantes de nuestra universidad. Así también, nombrar a las víctimas indirectas, aquellos que presencian o viven con aquellos acaecidos por una muerte voluntaria. Estas personas son receptores de los múltiples efectos traumáticos que un acto de esta naturaleza produce. Es por ello por lo que su tratamiento como asunto público no puede tener un enfoque parcial, simplemente mediático como reacción a corto plazo y que involucre solamente a sectores propensos a cometer un acto suicida.

Es necesario que el suicidio se enmarque como un problema que necesita un enfoque multidisciplinario e interinstitucional que trate integralmente el acceso pleno al bienestar social y desarrollo personal. La responsabilidad de las autoridades no se cumple con la promoción de actos públicos y populistas si no resuelven el problema base que impulsa a muchos merideños a renunciar a la vida. 

La legislación merideña adolece de acción en esta materia, por lo que se hace entonces necesaria una labor legislativa que permita crear espacios para la promoción y rectoría del trabajo en conjunto con los organismos con competencia en salud, especialmente el programa de salud mental y que, a su vez, promueva la investigación de carácter científico acerca de los factores que influyen en la conducta suicida y permita reconocer las características de consumación, su distribución geográfica y sus detonantes, que de cuenta de los factores psicosociales que preceden su construcción como posibilidad y los efectos que tienen para su tratamiento en la posvención.

Prensa LG.- Ante el aumento de la tasa de muertes por suicidio en el estado Mérida en los últimos tres años, tendencia que se repite en el primer trimestre de 2023, de acuerdo con el informe presentado recientemente por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la legisladora de la Unidad, Liliana Guerrero, manifestó la importancia que el suicidio sea tratado como un problema que necesita un enfoque multidisciplinario.

El pronunciamiento de la parlamentaria regional, Liliana Guerrero, quedó plasmado en un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que deja claro que “la responsabilidad de las autoridades no se cumple con la promoción de actos públicos y populistas si no resuelven el problema base que impulsa a muchos merideños a renunciar a la vida”.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

Ante el aumento de la tasa de muertes por suicidio en Mérida_

COMUNICADO A LOS CIUDADANOS

LA PREVENCION DEL SUICIDIO REQUIERE SER ABORDADA CON LA SERIEDAD Y COMPROMISO DE UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

En el estado Mérida, el tema del suicidio ha sido abordado siempre lateralmente, como la consecuencia de otros problemas de salud, como las adicciones o los problemas mentales; la valoración que se tiene de la muerte por voluntad corre siempre en paralelo a problemas más amplios e imprecisos que impiden reconocer al acto suicida en sí mismo, como un problema de salud pública, el cual amerita un abordaje integral y por ende que requiere de atenciones específicas, coordinadas y sostenibles.

El aumento de la incidencia del suicidio en Mérida es notorio, comunicacional y preocupante, pero más allá de los datos, se debe destacar que las condiciones de vida que conllevan a los merideños a considerar el fallecimiento voluntario no son debidamente atendidas, que siguen impactando la salud y el bienestar de innumerables personas, tanto de aquellos que consideran como opción la renuncia a la vida, como de las personas cercanas a los renunciantes. Por cada acto suicida en nuestra entidad, por lo menos 12 merideños se ven directamente afectados.

Al momento de abordar este sensible tema desde nuestros espacios públicos, es importante señalar la susceptibilidad de los jóvenes y la cada vez más frecuente incidencia en estudiantes de nuestra universidad. Así también, nombrar a las víctimas indirectas, aquellos que presencian o viven con aquellos acaecidos por una muerte voluntaria. Estas personas son receptores de los múltiples efectos traumáticos que un acto de esta naturaleza produce. Es por ello por lo que su tratamiento como asunto público no puede tener un enfoque parcial, simplemente mediático como reacción a corto plazo y que involucre solamente a sectores propensos a cometer un acto suicida.

Es necesario que el suicidio se enmarque como un problema que necesita un enfoque multidisciplinario e interinstitucional que trate integralmente el acceso pleno al bienestar social y desarrollo personal. La responsabilidad de las autoridades no se cumple con la promoción de actos públicos y populistas si no resuelven el problema base que impulsa a muchos merideños a renunciar a la vida. 

La legislación merideña adolece de acción en esta materia, por lo que se hace entonces necesaria una labor legislativa que permita crear espacios para la promoción y rectoría del trabajo en conjunto con los organismos con competencia en salud, especialmente el programa de salud mental y que, a su vez, promueva la investigación de carácter científico acerca de los factores que influyen en la conducta suicida y permita reconocer las características de consumación, su distribución geográfica y sus detonantes, que de cuenta de los factores psicosociales que preceden su construcción como posibilidad y los efectos que tienen para su tratamiento en la posvención.

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