El arquitecto José Manuel Rodríguez, ex presidente del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y vecino del municipio El Hatillo desde hace más de 40 años, denunció este jueves que la construcción de un centro comercial en los terrenos de la antigua Hacienda La Cabaña constituye una violación a las leyes nacionales de protección del patrimonio cultural.
Aseguró que durante su gestión como presidente del IPC se declaró la Hacienda La Cabaña como Bien de Interés Cultural de la Nación, y que su zonificación —según la Ordenanza del Sector Sur-Este de Caracas— estaba destinada a convertirse en el Parque Sectorial Carlos Raúl Villanueva. No obstante, en 2018, esta zonificación fue modificada por un plan especial aprobado por la Alcaldía de El Hatillo, que abrió paso a desarrollos comerciales en el área.
“El decreto que protege esos terrenos fue emitido por el IPC en 2005 y está respaldado por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural de 1993. Esa ley sigue vigente, y ninguna autoridad municipal tiene competencia para autorizar obras que la contradigan. La autorización otorgada en 2024 por la actual presidenta del IPC para construir en esa zona es ilegal”, afirmó.
Advirtió que el impacto de esta obra no solo es legal, sino también histórico y social. “Estamos perdiendo una parte esencial de la identidad del pueblo. Esa era la hacienda de Ana Francisca Pérez, esposa de Baltasar de León, fundador de El Hatillo. Ella donó parte de esas tierras para trazar el casco histórico y construir el templo de Santa Rosalía de Palermo”.
A su juicio de Rodríguez, estas construcciones atentan también contra la economía local: “Los pequeños comerciantes y emprendedores del casco histórico van a verse afectados. Lo que atrae al turismo a El Hatillo no son los centros comerciales, sino su historia, su arquitectura y su ambiente tradicional. Esa esencia se está perdiendo”.
El arquitecto hizo un llamado a respetar la vocación original del terreno y propuso convertirlo nuevamente en un parque histórico, como estaba contemplado originalmente. “El daño no se mitiga con ajustes al proyecto; debe recuperarse el sentido patrimonial del lugar, tal como lo establece la normativa vigente”, concluyó.
